La Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) solicitó que el Proyecto de Ley N° 547/2024-2025 sea tratado en el próximo período legislativo y su contenido previamente analizado por el próximo gobierno junto a todos los actores involucrados -entidades financieras y prestatarios-, con el objetivo “de construir una normativa que contemple medidas equilibradas de apoyo y reactivación económica”.
La organización manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el pleno de la actual Asamblea Legislativa, cuya última sesión está convocada para este viernes 31 de octubre, revierta los cambios al proyecto realizados por el Senado y restituya el establecimiento de un periodo de gracia generalizado para el pago de cuotas de capital e intereses de los créditos.
La entidad expresó que la versión aprobada por Senadores “introdujo ajustes importantes que permitían orientar el apoyo hacia los prestatarios más afectados”, pero existe el riesgo de que se puedan “desconocer dichos avances y generar nuevamente riesgos para la estabilidad del sistema financiero de desarrollo y de las microfinanzas en el país”, considerando que esta medida de Diferimiento también afectaría a los ahorristas, financiadores nacionales e internacionales, inversionistas, y otros.
FINRURAL afirmó que si una medida de este tipo es aplicada de forma generalizada, “no resolvería los problemas estructurales que enfrenta la población, sino que podría provocar una contracción del crédito, afectando principalmente a los sectores más vulnerables: micro y pequeños productores, emprendedores y familias de zonas rurales y urbanas que dependen del financiamiento para mantener sus fuentes de ingreso”.
Mencionó también que alrededor del 98% de los clientes pagan sus créditos de manera oportuna, lo cual demuestra que los clientes en la coyuntura actual no están buscando diferir sus pagos sino más bien que nuestras entidades sigan proveyendo financiamiento para inyectar capital de inversión, operación o reactivar sus emprendimientos económicos, lo cual ratifica que la medida del diferimiento en vez de beneficiar generaría un enorme perjuicio a nuestros clientes y prestatarios de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD).
Por ello, remarcó la necesidad de hacer un análisis a fondo de las consecuencias que estas medidas pueden tener, agregando que es esencial la participación de las nuevas autoridades que -a partir del 8 de noviembre- tendrán a su cargo la administración del Estado y sus políticas económicas.
La institución precisó que es necesario considerar de manera especial la situación de las microfinancieras, que están abocadas a brindar servicios financieros a microempresarios y otros segmentos que no acceden fácilmente a la banca tradicional. Además, en el último tiempo y pese a las dificultades que han enfrentado desde la pandemia, han focalizado su accionar en el apoyo a mujeres y jóvenes, brindando apoyo para que puedan desarrollar sus actividades económicas.
Finalmente, FINRURAL ratificó su compromiso “con el desarrollo del país y con las familias prestatarias, reiterando nuestra plena disposición para trabajar en soluciones conjuntas que permitan preservar la estabilidad financiera, de manera de promover una reactivación económica sostenible que beneficie a todos los sectores de la sociedad boliviana”.
Las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) al 30 de septiembre de 2025 reportan un total de cartera de Bs. 8,177 millones de bolivianos, 544,918 prestatarios de los cuales el 40% son rurales y 60% son mujeres. Se tiene un total de Bs. 1,800 millones de bolivianos en captaciones de ahorros y 350.000 cuentas de ahorro.
