Invitada por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), la empresa de telecomunicaciones Tigo Bolivia participó activamente en el XI Encuentro Nacional de Consejos Departamentales contra la Trata y Tráfico de Personas y compartió su experiencia sobre el marco normativo que regula la privacidad de datos y comunicaciones y su aplicación práctica en investigaciones penales.
A través de su personal técnico, Tigo brindó capacitación práctica a 40 investigadores especializados en la elaboración de triangulaciones de llamadas, interpretación de reportes y uso de herramientas tecnológicas que permiten a los investigadores obtener resultados más inmediatos y precisos.
“Nuestra participación en este encuentro reafirma el compromiso de la compañía de colaborar activamente con las autoridades, aportando información relevante para esclarecer los hechos y proteger a las víctimas”, indicó José Carlos Landívar Román, abogado senior de Tigo Bolivia y capacitador del encuentro.
En lo que va de 2024, Tigo ha procesado un promedio de 2.200 requerimientos fiscales y órdenes judiciales al mes, cifra que al cierre del año podría alcanzar las 26.400 solicitudes. Este volumen exige supervisión continua, priorización de casos según la gravedad de los delitos y mejora constante de los procesos internos para agilizar los tiempos de respuesta.
Durante la capacitación, Tigo también presentó aplicaciones y herramientas que facilitan la comprensión y el análisis de la información entregada, ayudando a los investigadores a anticiparse a las acciones delictivas y optimizar su labor.
“Es fundamental que el personal investigador de la FELCC conozca con claridad el alcance de la información que podemos proporcionar y los procedimientos para solicitarla, sobre todo en casos donde está en riesgo la vida de una persona”, afirmó María Laura Mendoza, gerente de Comunicación Institucional y ESG de Tigo Bolivia.
Con su presencia en este espacio, Tigo ratificó su rol como aliado estratégico de las autoridades en la lucha contra la trata y tráfico de personas, contribuyendo desde su experiencia tecnológica y legal a la seguridad ciudadana y a la protección de los derechos humanos.
